El narcotráfico es un problema compartido: cónsul mexicano

Texas, Eua— El mermar la liberación de fondos destinados para el combate al crimen organizado en México, a través de la Iniciativa Mérida, es romper con el sentido de colaboración que tiene Estados Unidos con ese país y no reconocer que el narcotráfico es un problema compartido.

Así lo consideró ayer el cónsul general México en El Paso, Roberto Rodríguez Hernández, con respecto al bloqueo que hizo ayer el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, para liberar unos 90 millones de dólares comprometidos por Washington para financiar la implementación del plan en el vecino país.

Leahy rechazó un informe del Departamento de Estado que otorga un voto de confianza al Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico, pese a las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por los efectivos.

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional (AI) solicitó al Congreso estadounidense de retener el 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida hasta que el gobierno del presidente Felipe Calderón mejore en la investigación de las violaciones a las garantías individuales que cometen las fuerzas armadas.

Al respecto, Rodríguez Hernández comentó que opinar sobre el cumplimiento de México o cualquier otro país en la materia para acceder o no a los recursos del plan le corresponde al Departamento de Estado.

Además, “los recursos son importantes porque son un símbolo de cooperación en esta época, sobre todo, en la administración del presidente (Felipe) Calderón, en la lucha contra el crimen organizado”, dijo el diplomático con rango de embajador.

Más aún, “es el reconocimiento, por primera ocasión, de que hay un problema común en ambos lados de la frontera y de que combatirlo es una responsabilidad compartida (…) el negar los fondos es rechazar esa cooperación”, agregó.

Rodríguez Hernández sostuvo que el Gobierno de México ha trabajado y liberado también recursos (hasta 7 mil millones de dólares al año) en la lucha contra el crimen organizado, aunque reconoció que ha habido abusos por parte de algunas autoridades mexicanas cuando “aplican la ley”.

“Cuando se aplica la ley, puede haber o surgir algún tipo de violación (…) sabemos que hay funcionarios que no necesariamente cumplen con su deber pero eso no quiere decir que todas las autoridades y la policía mexicana violen los derechos humanos”.

El funcionario indicó que no se compara el número de alegatos de violaciones a los derechos humanos con los resultados de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado.

“Las acusaciones son mínimas en contraste con el tamaño del problema al que se enfrenta México”, expresó. “Además, hay que recordar cuando un criminal tortura, secuestra o asesina no piensa en los derechos humanos (de sus víctimas)”.

Agregó que el Ejército ha emprendido una serie de acciones para frenar situaciones donde se puedan violentar los derechos de las personas.

En el 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional estableció la Dirección de Derechos Humanos dentro de la institución para atender las quejas, precisó.

Rodríguez Hernández consideró de “suma importancia” para México, pero en particular, para esta región fronteriza, obtener los recursos del Plan Mérida.

Con ello, agregó, se podrá capacitar, entrenar y otorgar equipo a las fuerzas policiales y eliminar la corrupción dentro de las corporaciones.

“Los recursos van a ser útiles para la policía a la que se aspira y que tenga, no sólo los recursos para enfrentar al crimen organizado, sino el entrenamiento adecuado”, puntualizó el cónsul general, quien dijo desconocer qué tipo de recursos vendrían a esta región fronteriza.