Aislados, casos de violaciones a derechos humanos: SRE

Los casos de violaciones a derechos humanos en la guerra al narcotráfico en México han sido "aislados", afirmó la canciller Patricia Espinosa en momentos que el Congreso estadunidense analiza un informe sobre garantías individuales en el país que propiciaría la entrega de recursos para apoyar la lucha antidrogas.

Un día después de que el gobierno del presidente estadunidense Barack Obama anunciara el envío al Congreso un informe favorable sobre la situación de derechos humanos en México, la canciller avaló el contenido del texto y consideró que "refleja estos avances que nosotros estamos registrando".

Espinosa aseguró en rueda de prensa que "este gobierno tiene un compromiso absoluto con el cumplimiento de los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado; hemos también reconocido que se han presentado situaciones aisladas, casos aislados de violaciones a los derechos humanos y que ha habido acción del gobierno mexicano cuando estos casos han sido comprobados".

Apenas asumió el poder en diciembre del 2006, el presidente Felipe Calderón lanzó una batalla frontal contra el narcotráfico y ordenó desplegar miles de soldados en zonas afectadas por los carteles de las drogas.

Desde entonces, sin embargo, algunos grupos civiles han señalado que militares han incurrido en violaciones a los derechos humanos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado varios casos de abusos y tortura cometidos por militares que participan en los operativos.

"Hemos también solicitado que en todos los casos en los que haya acusaciones de este tipo se presenten las pruebas, se presenten las evidencias que permitan sustentar estas acusaciones", dijo la canciller.

Espinosa señaló que México dio al Departamento de Estado estadunidense información sobre las acciones que ha realizado para proteger los derechos humanos, como la creación de una dirección en la materia en la Secretaría de la Defensa Nacional y un convenio de esa dependencia con la ONU sobre capacitación en cuestión de garantías individuales.

El gobierno de Obama utilizó esa información para elaborar un informe que envió al Congreso, el cual determinará la liberación de una parte de los recursos pendientes de la Iniciativa Mérida, un plan con el que Estados Unidos busca contribuir a mejorar la capacidad de lucha contra el narcotráfico en México.

La Iniciativa Mérida considera recursos por 1.400 millones de dólares, pero 100 millones de dólares se mantienen inmovilizados hasta que el Congreso estadounidense analice el informe sobre derechos humanos que le envió el gobierno de Obama.