Buscan Ratificar Convencion Iberoamericana por los derechos de los Jovenes en Mexico

Mexico.- El proyecto 15-35 Plataforma Nacional de Juventud, integrado por 20 organizaciones nacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las y los jóvenes, solicitamos al Gobierno Mexicano atender el exhorto que por primera vez hizo el Congreso de la Unión en materia de juventud y derechos humanos el pasado 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, al titular del Ejecutivo Federal donde se le pide remitir al Senado de la República la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) para su ratificación, al mismo tiempo en Ciudad de Mexico, se Presento la misma propuesta por parte de la CIEDH con fecha 03 de agosto para pasar ala sala del pleno, y el dia 12 salio turnada para el exhorto al ejecutivo.

Al referirse a la crisis económica actual, en el marco de la de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, señaló que “en el mundo el 40 por ciento de las personas afectadas económicamente son jóvenes¨

En México, del total de la población, 107.6 millones en 2009, la juventud de entre 15 a 29 años representa casi una tercera parte de la población (27.2 por ciento), según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) publicadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) este año, sin que hasta ahora exista un marco jurídico de actuación que hable de sus derechos básicos, tales como: educación, empleo, salud, participación, entre otros.

Por lo anterior, las organizaciones integrantes del equipo impulsor de la Plataforma Nacional de la Juventud exigimos al ejecutivo federal la adopción de la CIDJ como marco jurídico de actuación, a través de su firma y ratificación, asumiendo el exhorto que hizo el pasado 12 de agosto el Congreso de la Unión.

Con la ratificación se requiere que el Estado mexicano contemple el desarrollo e instrumentació n de las políticas, planes y programas necesarios que garanticen y hagan efectivos los derechos de la juventud contempladas en la CIDJ: vida digna, acceso a educación, un empleo digno; a servicios de salud integrales ubicando entre ellos salud sexual y reproductiva; espacios de participación juvenil, entre otros.

El exhorto fue presentado al Congreso de la Unión luego que el Ejecutivo Federal ha mantenido congelada la propuesta de ratificación que reconoce a la CIDJ como el único instrumento a nivel internacional que reconoce a las y los jóvenes como sujetos plenos de derechos y que establece que los gobiernos deben de garantizar acciones que los protejan.

Desde hace un año, el Ejecutivo Federal no se ha manifestado a favor de éste instrumento internacional, por el contrario Felipe Calderón ha dado muestras de que no le interesa el reconocimiento de los derechos de la juventud al centrar su atención en programas que más bien violan sus derechos con políticas de criminalizació como “Mochila Segura” o las detenciones arbitrarias de jóvenes en el marco del crimen organizado.

No se puede pensar y hablar de un país en desarrollo mientras los derechos de las personas no se cumplan, sin importar sexo, condición económica y edad, por lo que consideramos que es urgente y prioritario que se reconozcan los derechos de las y los jóvenes, pero fundamentalmente que se generen las condiciones necesarias para el ejercicio de estos derechos, a través de la creación de un marco jurídico de actuación, como lo es la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, de ahí la importancia de su ratificación de parte del gobierno mexicano.

Violaciones del Ejército son casos aislados: SRE

Mexico.-La violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano "son casos aislados" aseguró la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, quien reiteró que el gobierno de México tiene un compromiso absoluto de respeto a las garantías de la población.

Sin embargo, legisladores de Estados Unidos y organizaciones internacionales han pedido que se bloqueen 15% de los recursos de la Iniciativa Mérida ante las violaciones cometidas por elementos del Ejército en la lucha contra el narcotráfico.

El Departamento de Estado norteamericano elaboró un informe sobre las condiciones de derechos humanos en México que entregó al senado, para aclarar las dudas que puedan existir en torno al tema.

Al respecto, la Canciller indicó que este informe "refleja los avances que estamos registrando" en la materia, pues incluye datos sobre la creación de la Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la capacitación de los militares por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

Sobre el análisis que realizarán los senadores estadounidenses de este documento y la resolución que adopten, Espinosa Cantellano indicó que el gobierno de México es respetuoso de los legisladores de ese país y sus decisiones.

Estancado, el caso de la indígena Jacinta

Querétaro.-El juicio contra Jacinta Francisco Marcial se ha retrasado porque dos de los seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que la acusaron de haberlos secuestrado no se les puede encontrar en el país para cumplir con los careos que ordenó un juez como elementos probatorios en el caso de la indígena, la cual se encuentra encarcelada desde hace tres.

El abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), Andrés Díaz, informó que como defensa legal de Jacinta fueron informados de que el agente federal Antonio Bautista falleció en 2007, por lo que no podía cumplir con el requisito de presentarse a los careos efectuados en mayo pasado.

En tanto, Jorge Cervantes Peñuelas se jubiló en diciembre de 2008 y ya no es agente federal, por lo que no ha podido ser notificado para que se presente en los careos, situación que provoca que se retrase los procedimientos legales.

En conferencia de prensa, Guillermo Francisco Prisciliano, esposo de Jacinta, dijo estar desesperado por la situación.

El abogado del Prodh que asumió la defensa legal de Jacinta Francisco indicó que la Procuraduría General de la República (PGR), si quisiera podría aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y reconocer que no existen elementos jurídicos y probatorios que acrediten que Jacinta secuestró a seis agentes federales y, con ello, dejarla en libertad.

Sin embargo, en lugar de ello incurre en acciones de dilación al no contribuir a que uno de los agentes federales se presente a los careos como parte del juicio.

Quedan impunes más del 70% de agresiones vs periodistas: CNDH

Mexico.-La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió que en México, más del 70 por ciento de las agresiones contra periodistas quedan en la impunidad, pues de los 65 agravios que registraron de 2000 a 2009 – siete de ellos ocurridos en Chihuahua -, únicamente 17 se resolvieron.

Ante esta circunstancia, el organismo emitió su Recomendación General 17, dirigida a los gobernadores del país, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, al procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y al procurador General de Justicia Militar, Gabriel Sagrero Hernández.

En un primer punto, les exigió tomar las medidas necesarias para impulsar una lucha decidida, frontal y permanente contra dicha impunidad, a fin de que se logren resolver las indagatorias para el esclarecimiento de los homicidios, desapariciones forzadas, atentados con explosivos, amenazas, así como todos y cada uno de los demás agravios ocurridos en contra de periodistas.

Además, les pidió realizar una indagatoria eficaz en cada caso y agotar todas las líneas de investigación.

También les demandó realizar una evaluación técnico jurídica para determinar si la actuación del Ministerio Público, así como la de los servidores públicos, ha sido apegada a los principios y obligaciones propios de su cargo.

En un cuarto punto, se solicitó garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes para que el desempeño de los profesionales de la comunicación no se vea coartado ni amenazado por ningún tipo de circunstancia.

De acuerdo con la CNDH, a partir de 2001 a la fecha, las presuntas agresiones a los derechos humanos de los periodistas se han duplicado respecto de la década anterior a ese año.

Las muertes ocurrieron en 17 estados: 9 homicidios en Tamaulipas, 8 en Chihuahua, 6 en Veracruz, 6 en Guerrero, 4 en Michoacán, 4 en Oaxaca, 3 en el estado de México, 3 en Durango, 2 en el Distrito Federal, 2 en Sinaloa, 1 en Baja California,1 en Chiapas, 1 en Jalisco, 1 en Sonora y 1 en Tabasco. En lo relativo a las desapariciones, se produjeron 2 en Michoacán, 2 en Nuevo León, 1 en Coahuila, 1 en Sonora y 1 en Tabasco.

En el caso de Chihuahua los reporteros asesinados fueron: en el 2000, José Ramírez Puente, periodista de Radio Net, en Ciudad Juárez; 2001, José Barbosa Bejarano, corresponsal de la revista Alarma de Ciudad Juárez; 2006; Enrique Perea Quintanilla, reportero de la revista Dos Caras, en Chihuahua; 2008, Candelario Pérez Pérez, periodista de la revista Sucesos, en Ciudad Juárez; David García Monroy, analista político y colaborador editorial de El Diario de Chihuahua y Armando Rodríguez Carreón, reportero del periódico El Diario, de Ciudad Juárez; 2009, Ernesto Montañez Valdivia, editor de la publicación “Enfoque de El Sol de Chihuahua”

De los 65 casos registrados por el organismo federal a la fecha, 52 periodistas fueron asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo, mientras que siete desaparecieron, así como seis fueron atentados con explosivos a instalaciones de periódicos.

Promete CNDH recomendación "sin miramientos" sobre el caso Proceso

Mexico.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, advirtió que emitirá un pronunciamiento, "sin miramiento alguno" sobre las dos denuncias promovidas por Proceso, en contra del gobierno federal por la cancelación de contratos para espacios publicitarios y por el intento del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de involucrar al semanario con el narcotráfico.

"Las quejas de Proceso serán atendidas a cabalidad y emitiremos un pronunciamiento conforme a derecho, aquí sin miramiento alguno", advirtió el titular de la CNDH.

Al presentar la recomendación general 17/2009 sobre agresiones contra periodistas cometidas durante los nueve años que el PAN lleva en la Presidencia de la República, Soberanes afirmó que el recorte unilateral en la compra de espacios y el acoso fiscal "son dos formas bastante socorridas" de "persecución oficial" contra medios de comunicación críticos.

"El tema de la publicidad del Estado que debe de responder a otros actores y no a una persecución de Estado", afirmó.

Ante tal escenario, el presidente de la CNDH se pronunció por una legislación general en materia de distribución de recursos públicos en la contratación de publicidad gubernamental, para evitar que éstos sean utilizados "al capricho del gobernante en turno y como forma de proteger la libertad de expresión".

Por si fuera poco, José Luis Soberanes, como pocas veces se le ha visto durante su gestión como presidente de la CNDH, lanzó severas críticas a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), cuyos resultados, afirmó, "son más bien pobres".

"Vemos una estructura pesada que cuesta miles de pesos al país, una estructura que se tiene que repensar o vamos a continuar como con muchas instituciones del gobierno que son ineficientes, pero llenan un espacio mediático; decir que un asunto lo atrajo la PGR y ¿quién me va a garantizar que la PGR va a resolverlo? La evaluación que podemos hacer de la Fiscalía es más bien negativa y consideramos que, o lo toma en serio el gobierno o va a ser otra de las deudas de este gobierno", sentenció.

Soberanes incluso propuso que los recursos que se destinan para sostener dicha fiscalía sean canalizados directamente a familias de periodistas víctimas de agresiones.

"Si lo que ha gastado el gobierno federal en esta fiscalía especial, cuyos resultados son ineficientes, se gastara para proteger a los hijos de los periodistas asesinados sería mucho más práctico", apuntó.

De acuerdo con el análisis realizado por la CNDH en su recomendación general 17, de febrero de 2006 a noviembre de 2008 la FEADP "únicamente ha ejercitado acción penal en sólo 3 casos (…) Estos resultados llevan a sostener que su actuación no ha tenido un efecto considerable sobre la protección y combate a la impunidad que prevalece en los agravios a periodistas y medios de comunicación, ya sea por su limitada competencia o por la deficiencia en sus investigaciones".

Para evidenciar la impunidad que prevalece en los 65 casos graves de agresiones a periodistas analizados por la CNDH en la recomendación general 17/2009, Soberanes explicó en su discurso que Comisión acredito la actuación irregular de las autoridades, incluso, en un documento detectó que se fabricaron testigos y se torturó a los probables responsables.

Además, "de los 65 caso, en 48 no se ha resuelto la averiguación previa, es decir, siete de cada diez no se concluye la averiguación".

"En suma --dijo--, la falta de diligencia por parte de las autoridades procuradoras de justicia ha generado, en gran medida, que los agravios contra informadores queden impunes o que no se agoten la líneas de investigación procedentes".

Soberanes se refirió a las críticas del gobierno de Felipe Calderón contra organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación por informar sobre violaciones a derechos humanos.

Honduras, bajo la lupa en derechos humanos

Honduras.-Una delegación de la Comisión Interamericana de Estudio de los Derechos Humanos (CIEDH) y de la Comision Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se encuentra en Honduras para verificar la situación de las libertades civiles tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio.

La comitiva ya se reunió con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con representantes de la sociedad civil.

Ahora espera hacerlo con personas que han denunciado abusos, parlamentarios, altos mandos de las fuerzas armadas y de la policía y funcionarios del ministerio público, aunque no directamente con el Poder Ejecutivo encabezado por Roberto Micheletti, quien sustituyó al derrocado Zelaya.

La misión tiene previsto "elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado", explicó a la prensa el vicepresidente primero de la CIDH, el argentino Víctor Abramovich.

Abramovich aclaró que la delegación no emitirá declaraciones o conclusiones sobre su visita, porque "lo primero es escuchar, recibir información". No obstante, difundirá un comunicado el viernes, al término de su trabajo en Honduras.

La CIDH ya había dictado medidas cautelares para que el gobierno de Micheletti proteja la vida de unos 100 hondureños amenazados después del golpe.

Se espera que al término de su misión llegue a Honduras una delegación de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Grandes reservas"

El gobierno de Micheletti dijo que tenía "grandes reservas" sobre la presencia de la CIDH en el país centroamericano.

La vicecanciller hondureña, Martha Lorena Alvarado, se quejó de que no conocía la agenda de la misión. "No siguieron el conducto natural y normal de una visita de esa magnitud", aseguró.

Asimismo, Alvarado criticó a los organismos de derechos humanos, porque -según afirmó- en ellos "hay una enorme infiltración de la izquierda".

Simpatizantes de Zelaya, encabezados por su esposa (centro), protestaron en Tegucigalpa.

En momentos en que la delegación de la CIDH iniciaba sus actividades, centenares de seguidores de Zelaya encabezados por su esposa, Xiomara Castro, protestaron nuevamente en las calles de Tegucigalpa para exigir la restitución del mandatario depuesto.

Zelaya se encuentra en Nicaragua, desde donde ha intentado regresar a Honduras.

Entre tanto, una delegación del gobierno de Micheletti viajó a Washington para continuar el diálogo abierto la semana pasada con la OEA en busca de una salida a la crisis política en el país centroamericano.

El organismo hemisférico suspendió a Honduras tras el golpe de Estado.

El secretario de Estado adjunto en funciones de EE.UU. para América Latina, Craig Kelly, tiene previsto reunirse este martes con la delegación de Micheletti y adelantó que la instará a firmar el llamado Acuerdo de San José.

Este acuerdo, promovido por el presidente costarricense Óscar Arias -quien actuó como mediador en el conflicto-, busca acercar a las partes y contempla el regreso al poder de Zelaya, quien ya ha dado su respaldo a la iniciativa.

Según el corresponsal de BBC Mundo en Washington, Carlos Chirinos, el presidente depuesto de Honduras ha expresado en varias ocasiones su frustración por la falta de acción del gobierno estadounidense en favor de su restitución en el poder.

Aspira Ricardo Sepúlveda a la presidencia de la CNDH

Ciudad de México.- Ricardo Sepúlveda Iguniz, quien fuera Coordinador de Derechos Humanos en la Secretaría de gobernación con Santiago Creel, se presentó esta mañana, en conferencia de prensa, como el segundo aspirante formal a la presidencia de la CNDH, cargo que dejará el 14 de noviembre José Luis Soberanes.

Sepúlveda informó que su presentación prematura como aspirante --ya que el Senado convocará hasta octubre--, “es por la situación crítica que padecen ahora los derechos humanos en México y para propiciar el debate sobre el rumbo que debe tomar la política oficial al respecto y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

Acompañado de un grupo de colaboradores del Centro Jurídico por los Derechos Humanos que dirige, Sepúlveda presentó un extenso documento con su visión de la CNDH, donde propone su “necesaria renovación” y en la que llama a discutir que se ha convertido “en una institución poco eficaz y con una debilitada legitimidad”.

Al responder a preguntas concretas, Sepúlveda, dijo que la certificación que hace anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos es parte del dialogo y presión que se mantiene, pero precisó que ese es un tema que “debemos resolver internamente, sin atender a las presiones externas”

Sepúlveda Iguniz es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, profesor en la Libre de Derecho y en la Universidad Anahuac. Ha escrito tres libros sobre constitucionalidad. Su práctica sobre derechos humanos, según la currícula que entregó, ha sido además de la organización que dirige, cinco años en la Secretaría de Gobernación, hasta 2005 y en el Senado de la República, siempre acompañando a Santiago Creel.

Patricia Olemendi, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores para Derechos Humanos se presentó el domingo reciente, ante medios de prensa, como la primera aspirante a presidir la CNDH. El Senado deberá emitir, a más tardar en octubre, una convocatoria para auscultar a la sociedad civil sobre los aspirantes y luego poner una terna a votación del pleno.

Verifica ONU al Ejército en derechos humanos

México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentra preocupada en torno al buen cumplimento de los derechos humanos por parte de sus elementos, y para ello ha decidido que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) verifique, mediante distintos indicadores, los resultados y avances que se tienen en esta materia.

El general Jaime Antonio López Portillo, director de Derechos Humanos de la Sedena, reveló que dicha dependencia “está muy interesada en perfeccionar sus sistemas de derechos humanos y justo ahora acabamos de firmar un convenio con el representante del Alto Comisionado de la ONU en esta materia. Ya tenemos un programa de trabajo mediante el cual ellos nos van a apoyar en ir manejando indicadores de resultados en materia de derechos humanos; estamos, con ellos, dándole seguimiento a las recomendaciones al interior del país y al exterior mediante el sistema Interamericano”.

De hecho, el general informó que los miembros de la ONU y de distintas universidades mexicanas ya han iniciado esta labor de verificación mediante la visita a varias regiones y zonas militares.

“Lo que va a verificar la ONU es si está dando resultado la capacitación que se está haciendo a los cuerpos militares en esta materia y, por ende, el actuar de los mismos. Esto es un claro ejemplo de la apertura.

“Con estos indicadores vamos a verificar los resultados en materia de capacitación y prevención de ilícitos por parte de los elementos. Estamos trabajando, además, en el seno del Comité de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, cuyo titular es la Secretaría de Gobernación”.

¿Se dice que en el Ejército se prefiere juzgar a los soldados en tribunales militares y no civiles por una cuestión de impunidad?
Cualquiera que crea o que estime que hay impunidad en el Ejército, que presente una denuncia. Ahí están los documentos, los expedientes y ahí se probará si hay o no impunidad. Hasta ahorita yo no tengo un dato de alguien que haya sido denunciado y haya sido sentenciado contrario a las instancias procesales.

¿En verdad los delitos que han cometido los militares vinculados a la violación de los derechos humanos han sido imprudenciales y colaterales en esta lucha contra el narcotráfico?
Hay delitos colaterales e imprudenciales, pero también hay actuación de las fuerzas armadas en flagrancia, y en esos casos cualquiera puede argumentar a su favor un maltrato y al alegar eso les puede servir a los procesados en sus juicios.

¿Las leyes militares son igual de sancionables que las civiles?
Los mismos procedimientos para crear la norma penal en el fuero común y federal son aplicables para el fuero militar; las sanciones y procedimientos militares son casi iguales que el fuero federal y común, salvo el consejo de guerra ordinario que se utiliza en juicios donde de forma oral se lleva a cabo la acusación y la defensa del procesado ante un consejo de guerra formado por cinco militares experimentados, que están en presencia del juez y del secretario del juzgado.

¿Se ha sancionado a distintos miembros del Ejército de distintos rangos?
Hemos sancionado a jefes, oficiales y tropa porque ésta es la gente que, por sus funciones, está en contacto con la población y por eso en la mayoría de los casos son ellos los responsables de violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, si yo como ciudadano sufro una agresión o una violación a mis garantías individuales por parte de algún miembro del Ejército, ¿lo puedo denunciar?, ¿hay mecanismos?, ¿a quién puedo recurrir?
Cada región, zona o guarnición militar en toda la República cuenta con un Ministerio Público Militar adscrito a ellas, y además está la sección central. Usted o cualquier ciudadano puede presentar su denuncia por escrito o por comparecencia de cualquier acto ilícito, y de forma inmediata el Ministerio Público deberá iniciar la averiguación previa correspondiente.

Usted como civil puede acudir sin problema alguno ante las autoridades militares.

¿Qué recomienda usted: ir a denunciar directo a las autoridades militares o en primer lugar presentar la denuncia ante una autoridad civil?
Pues si es un delito que cometieron los militares se recomienda ir primero ante las autoridades militares, porque el Ministerio Público federal admitirá la denuncia, pero a la larga tendrá que declinar la competencia ante la autoridad correspondiente, en este caso, el fuero militar. Si no lo hace tendrá un problema de competencia, donde el procesado, en este caso un miembro del Ejército, pueda obtener su libertad mediante un amparo, argumentando que está siendo juzgando por una autoridad incompetente.

Aislados, casos de violaciones a derechos humanos: SRE

Los casos de violaciones a derechos humanos en la guerra al narcotráfico en México han sido "aislados", afirmó la canciller Patricia Espinosa en momentos que el Congreso estadunidense analiza un informe sobre garantías individuales en el país que propiciaría la entrega de recursos para apoyar la lucha antidrogas.

Un día después de que el gobierno del presidente estadunidense Barack Obama anunciara el envío al Congreso un informe favorable sobre la situación de derechos humanos en México, la canciller avaló el contenido del texto y consideró que "refleja estos avances que nosotros estamos registrando".

Espinosa aseguró en rueda de prensa que "este gobierno tiene un compromiso absoluto con el cumplimiento de los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado; hemos también reconocido que se han presentado situaciones aisladas, casos aislados de violaciones a los derechos humanos y que ha habido acción del gobierno mexicano cuando estos casos han sido comprobados".

Apenas asumió el poder en diciembre del 2006, el presidente Felipe Calderón lanzó una batalla frontal contra el narcotráfico y ordenó desplegar miles de soldados en zonas afectadas por los carteles de las drogas.

Desde entonces, sin embargo, algunos grupos civiles han señalado que militares han incurrido en violaciones a los derechos humanos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado varios casos de abusos y tortura cometidos por militares que participan en los operativos.

"Hemos también solicitado que en todos los casos en los que haya acusaciones de este tipo se presenten las pruebas, se presenten las evidencias que permitan sustentar estas acusaciones", dijo la canciller.

Espinosa señaló que México dio al Departamento de Estado estadunidense información sobre las acciones que ha realizado para proteger los derechos humanos, como la creación de una dirección en la materia en la Secretaría de la Defensa Nacional y un convenio de esa dependencia con la ONU sobre capacitación en cuestión de garantías individuales.

El gobierno de Obama utilizó esa información para elaborar un informe que envió al Congreso, el cual determinará la liberación de una parte de los recursos pendientes de la Iniciativa Mérida, un plan con el que Estados Unidos busca contribuir a mejorar la capacidad de lucha contra el narcotráfico en México.

La Iniciativa Mérida considera recursos por 1.400 millones de dólares, pero 100 millones de dólares se mantienen inmovilizados hasta que el Congreso estadounidense analice el informe sobre derechos humanos que le envió el gobierno de Obama.

El Gobierno Salvadoreño Desdeña los Derechos de los Jovenes

El Salvador.-En el marco de la celebración del Día Internacional de la Juventud, ese grupo poblacional pide la ratificación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.

Para Gerson Franco Palma, miembro de las unidades juveniles de Difusión de Derechos Humanos, el principal derecho que actualmente se viola a los jóvenes es al trabajo, porque al buscar una oportunidad piden tener experiencia.

Se ha definido que ser joven es tener entre 15 y 24 años, y la edad promedio de la población en El Salvador es de 23 años. El mismo Fondo de Población informó, hace unas semanas, que los jóvenes serán el grupo poblacional más grande en el país dentro de poco.

Por ello, el llamado a ratificar la convención también lo hizo el procurador de Derechos Humanos, Óscar Luna, al tiempo que lamentó la situación que los jóvenes viven en el país: “Se les ha negado llevar una vida sin violencia, derecho a la participación, al trabajo a no ser abusados”.

El procurador hizo un llamado al actual Gobierno a generar las políticas necesarias que se encaminen a propiciar el desarrollo de este sector de la población, así como el respeto a sus derechos.

Sin embargo, el director general de la Secretaría de Inclusión Social, Carlos Urquilla, expresó ayer que la ratificación de la convención de juventud no es prioridad actualmente. Primero, explicó, realizarán una consulta nacional de juventud y al obtener sus resultados definirían si se genera una ley de juventud o si se ratifica la convención.

Urquilla dijo que en la consulta participarán la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Organización Iberoamericana de Juventud y la cooperación alemana GTZ.

Sin embargo, el procurador de Derechos Humanos manifestó que tener la ratificación de la convención permitiría fijar las políticas de los jóvenes que hasta ahora no han visto dentro de las acciones al Ejecutivo: “Espero que el Gobierno la revise y se adhiera”.

Al mismo tiempo, consideró que la no ratificación de la convención también limita al país para poder obtener la cooperación internacional, que podría apoyar programas de desarrollo juvenil que se necesitan para apoyar a esta población.

Acteal: impunidad y crisis de justicia

Impotencia e indignación son las dos palabras que resumen el sentir sobre el caso de Acteal, de quienes hemos apostado a la legalidad y a la reivindicación de los derechos humanos como espacios de lucha para el acceso a la justicia. La noticia de que 40 de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal están a punto de quedar en libertad, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les otorga el amparo solicitado alegando fallas en la argumentación jurídica, pone una vez más en evidencia la impunidad que sigue prevaleciendo en nuestro país.

Esta decisión no se tomaría con base en una inocencia probada, ya que existen testigos presenciales que los señalan como participantes directos en la masacre y que han sido ratificados y constan en los expedientes judiciales del caso (ver la página www.frayba.org.mx/informes.php), sino con base en los errores de procedimiento que se cometieron a lo largo de estos 11 años, en los que las autoridades correspondientes les han ido otorgando amparo tras amparo, a pesar de las protestas y reclamos de los sobrevivientes.

Si la decisión de la Suprema Corte de Justicia deja en libertad a estos asesinos no sólo estará enviando un mensaje de que cualquiera que trabaje para el Ejército, para el gobierno, haciendo trabajo sucio, gozará de impunidad, será defendido por las autoridades como declaraba recientemente el ex director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Pablo Romo, sino que paralelamente se estará enviando un mensaje a quienes aún creíamos que las leyes podían ser una herramienta para alcanzar la justicia y la equidad, de que en el contexto político actual de nuestro país esta vía se encuentra agotada, ya que el Poder Judicial esta cooptado y controlado por los grupos de poder.

Lamentablemente, las fallas en el debido proceso son una práctica constante en nuestro sistema judicial, pero solamente se reconocen y se utilizan para anular sentencias cuando hay intereses políticos de por medio, como fue en los casos de las acusaciones de genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez por sus responsabilidades en la masacre de 1968. Los investigadores y abogados del CIDE podrían haber tomado para su litigio estratégico los casos de cualquiera de los 8 mil 767 indígenas que según el censo penitenciario más reciente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se encuentran presos, ya que 95 por ciento de ellos no ha contado con apoyo de traductor, lo cual viola por principio su derecho al debido proceso, ya que la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas aprobada en julio de 2001 establece en el artículo segundo el derecho a ser asistido por un intérprete.

Mientras que los paramilitares de Acteal están a punto de ser liberados, miles de hombres y mujeres indígenas pobres están presos, muchas veces sin saber de qué se les acusa, convirtiéndose en mano de obra casi esclava en la pujante industria penitenciaria.

Entre ellos mi amiga Honoria Morelos, una anciana náhuatl de 70 años, de Atlixtac, Guerrero, quien lleva seis años encerrada en la prisión femenil de Atlacholoaya, Morelos, sin contar nunca con la asistencia de un traductor y sin entender a ciencia cierta los cargos que se le imputan. Mis gestiones por liberarla no han sido tan efectivas como las del equipo del CIDE, pues su caso, como el de Jacinta Francisco Marcial, mujer otomí acusada de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y los de miles de hombres y mujeres presos injustamente no revisten un interés superlativo para los grupos de poder que siguen gobernando este país como si fuera su finca personal.

* Profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Recomendación al Congreso poblano por secuestro de 21 migrantes de CA

El alto comisionado de la CIEDH, Lic. Sergio de Alba, emitió una recomendación al Congreso de Puebla y al ayuntamiento de Rafael Lara Grajales de esa entidad por el secuestro de 21 migrantes centroamericanos cometido por policías municipales y presuntos zetas, esto expreso minutos despues de que el comisionado de la CNDH, Lic. Hector Soberanes expresara su descuerdo con los hechos ocuarridos en tal entidad con el propósito de extorsionar a los familiares de los secuestrados, residentes en Estados Unidos y cobrarles 3 mil dólares por cada uno para dejarlos en libertad.

Tras una investigación, el organismo acreditó violaciones a las garantías fundamentales a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personales, así como al trato digno en perjuicio los 21 ciudadanos procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, cometidas por servidores públicos adscritos a la policía municipal de Rafael Lara Grajales, además de violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídicas contra los mismos migrantes por el alcalde, Juan Abundio Pérez Altamirano, al estar obligado a garantizar la seguridad pública en ese municipio.

Los migrantes fueron privados de su libertad por sujetos armados, entre ellos presuntos zetas y policías municipales, quienes los interceptaron en las vías del tren y los trasladaron a un domicilio del poblado citado, donde los sometieron a amenazas, actos de tortura, crueles y degradantes.

El 12 de octubre de 2008, al mediodía, vecinos observaron que indocumentados corrían por las calles semidesnudos y con lesiones visibles, a que auxiliaron con ropa, calzado, comida y atención médica, en el exterior del palacio municipal.

La CNDH informó que el alcalde del ayuntamiento proporcionó información parcial sobre los hechos, por lo que demandó al Congreso estatal instruir proceso administrativo contra ese funcionario por su actuación omisa y que dé vista al Ministerio Público para que conozca de las conductas del edil.

Dos casos de abuso de autoridad al día.- CEDH

En promedio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibe al día dos denuncias por abuso de autoridad en contra de policías y al menos una es contra oficiales metropolitanos, estatales, ministeriales o incluso elementos de la Sedena, instancias que conforman el 62 por ciento de las quejas.

La estadística revela que en el transcurso del 2009 la instancia ha recibido 470 quejas, y la lista negra es encabezada por policías de Monterrey con 65 señalamientos, seguidos de estatales con 52 menciones y la tercera posición, con 45 quejas, es ocupada por Policías Ministeriales.

A la lista le siguen Sedena con 29 reportes, Guadalupe con 28, Santa Catarina y Apodaca con 20, y finalmente San Nicolás y Escobedo con 18.

“Es un tema prioritario para nosotros (el abuso policiaco)”, explicó Emilio Alfaro Castillo, Director de orientación y recepción de quejas de la CEDH.

Los reportes en general responden al abuso policiaco, del cual se desprenden una serie de conceptos reclamados, principalmente el del prestación indebida del servicio público, la violación a la legalidad y seguridad jurídica, detenciones arbitrarias, violación al derecho de la seguridad y la integridad personal, así como lesiones.

“Habrá que hacer la aclaración que éstos son en cuanto a los conceptos que se reclaman porque puede darse el caso que en una sola queja concurran diversos conceptos de reclamación; por decir, una sola persona puede reclamar una detención arbitraria y una violación a seguridad jurídica”, precisó.

Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las denuncias revelan que el abuso policiaco está a la orden del día, y que además poco a poco la ciudadanía se suma a la cultura de la denuncia.

“Es un indicativo de que precisamente nosotros le vamos a poner mayor atención en las autoridades relacionadas con la seguridad pública, es algo que nosotros hemos estado trabajando sobre todo en el área preventiva, capacitación a los elementos policíacos de las diversas corporaciones”, dijo.

Las denuncias interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos son sujetas a una averiguación en donde de encontrarse que efectivamente hubo un abuso de autoridad, la Comisión resuelve emitiendo recomendaciones a la autoridad competente, es decir al Ayuntamiento y Secretarías de Seguridad, para tomar medidas que van desde la suspensión de oficiales hasta el despido del mismo.

En el caso de las denuncias interpuestas en contra de elementos de la Sedena, los casos son remitidos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debido a que el caso es del orden federal.

Once muertos, saldo de enfrentamientos en Hidalgo

Once muertos fue el saldo de dos enfrentamientos en Hidalgo, entre policias y presuntos delincuentes, informó el coordinador de Seguridad Pública, Donaciano Bayzabal. Alrededor de las 18:30 horas, elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron el apoyo de la Policía estatal de Hidalgo para localizar a un grupo de agentes federales desaparecidos. En el operativo se registró un primer ataque entre los delincuentes y los policías en Epazoyucan; de manera simultánea -a kilómetro y medio de este lugar- en La Calera, Pachuca, hubo otro enfrentamiento. El funcionario informó que los agresores arrojaron granadas de fragmentación a los policías, sin detallar cuántas. El saldo de ambos enfrentamientos fue de 11 muertos, entre ellos los policías Alberto Hernández Hernández y Pablo Hernández Ramírez. El funcionario dijo que fueron aseguradas cuatro camionetas, entre ellas una Suburban y una Mitsubishi, sin placas de circulación, además de un arsenal. Entre sus ropas, los delincuentes traían insignias de la AFI. Algunos huyeron corriendo hacia un cerro ubicado en La Calera. Hasta la medianoche continuaba el operativo, con apoyo de helicópteros de la Policía Federal y del Ejército. Los enfrentamientos duraron aproximadamente 20 minutos. El funcionario aseguró que en el caso de los agentes federales, éstos fueron localizados y se encuentran en la corporación, sin dar más detalles de dónde y cómo fueron rescatados. Compartir: Facebook Twitter Google LinkedIn Viadeo Digg Del.icio.us Menéame Yahoo Technorati abogados ¿Buscas Trabajo?, conoce nuestra bolsa de trabajo Universia. www.universiaempleo.com Seminarios de Canada Seminarios impartidos en Mexico Servicios con garantia al 100% www.giovannigerminario.com Interforo Abogados Separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales. www.interforoabogados.com Comenta esta nota Crea comunidad. Comenta, analiza, critica de manera seria. Mensajes con contenido vulgar, difamatorio o que no tenga que ver con el tema, serán eliminados. Lee las normas | Políticas de uso | Políticas de privacidad Comenta la nota

Roban caballo de 100 mil dólares para vender su carne Si hijas de Obama comen sano, ¿por qué yo no? ¡Llama al 911! No, mejor manda un mensaje de texto Hugo, el rey Indagan muerte de adicto a la internet en centro de rehabilitación PUBLICIDAD

Reporte que difundió PGR sobre Brad Will, sin validez

La Comisión Nacional de Derechos Humanos descalificó el reporte contratado y difundido por la PGR sobre el homicidio del periodista estadounidense Brad Will.

En un comunicado, el organismo señaló que dicho documento no es un dictamen pericial sino una opinión y que carece de valor jurídico alguno de acuerdo con las leyes mexicanas.

"En el caso de que el documento no forme parte de dicha averiguación previa, es inexplicable porqué la Procuraduría General de la República utilizó recursos públicos para realizar y difundir un supuesto análisis únicamente con propósitos propagandísticos".

Sobre las consideraciones que los especialistas canadienses hicieron sobre el historial político y profesional de Brad Will, la CNDH mencionó que la participación de los peritos en este hecho debe limitarse al análisis técnico-científico de evidencias para conocer la verdad.

Además, informó que no tuvo conocimiento del estudio en cuestión ni fue invitado a participar en el mismo, lo que indica, según el comunicado, el carácter excluyente y endeble del análisis.

"El reporte no aporta elemento alguno de carácter técnico sobre el caso, sino que es una ratificación puntual de las afirmaciones de la parte contratante y no da respuesta a los cuestionamientos que en su momento expuso la CNDH sobre las irregularidades detectadas en la integración de la averiguación previa", apuntó el organismo.

En su recomendación 50/2008, la Comisión Nacional de Derechos Humanos subrayó varias irregularidades en la investigación del asesinato del periodista Brad Will y solicitó a la PGR que revisara sus procedimientos hasta agotar toda línea de investigación.

Ayer la organización Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés) calificó de "engañoso" el mismo reporte del que da cuenta la CNDH.

Piden rechazar que EU certifique a México en derechos humanos

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debatirá hoy formular un exhorto al gobierno federal, a fin de que rechace de manera contundente el proceso de certificación unilateral de Estados Unidos a México en materia de derechos humanos.

Es una iniciativa presentada por el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Tomás Torres, que fue aprobada ayer en la Segunda Comisión de la Permanente, aunque los legisladores de Acción Nacional mostraron posiciones divididas.

Torres dijo que esa evaluación, a la que se ha condicionado parte de los recursos de la Iniciativa Mérida, vulnera la confianza entre México y Estados Unidos y dificulta conformar una estrategia conjunta para combatir la delincuencia organizada.

Los legisladores discutieron el anuncio formulada la semana pasada por el responsable de la lucha antidrogas en Estados Unidos, Gil Kerlikowske, de que el vecino del norte certificará el respeto a los derechos humanos en México, durante las operaciones contra la delincuencia organizada, aunque día después aclaró que no se trata de una

El senador panista Ricardo García Cervantes hizo notar que el tema no debe sacarse de contexto, pero tampoco simula que no hay proceso de verificación, certificación o como se le quiera llamar por parte de las cámaras del Congreso de Estados Unidos en torno a la Iniciativa Mérida.

Insistió: que no parezca que nos vamos por una información que alguien corrigió y más vale que nos hagamos cargo de insistir en el tema de la corresponsabilidad.

Sin embargo, su compañero de partido, el diputado Cristian Castaño, quien además preside la Segunda Comisión, insistió que según le informó la cancillería, se trató de una mala interpretación de lo dicho por Kerlikowske, por lo que el dictamen que ayer se aprobó no se ajusta a la verdad, en virtud de que el gobierno de Estados Unidos no está promoviendo de manera unilateral un proceso de certificación.

El narcotráfico es un problema compartido: cónsul mexicano

Texas, Eua— El mermar la liberación de fondos destinados para el combate al crimen organizado en México, a través de la Iniciativa Mérida, es romper con el sentido de colaboración que tiene Estados Unidos con ese país y no reconocer que el narcotráfico es un problema compartido.

Así lo consideró ayer el cónsul general México en El Paso, Roberto Rodríguez Hernández, con respecto al bloqueo que hizo ayer el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, para liberar unos 90 millones de dólares comprometidos por Washington para financiar la implementación del plan en el vecino país.

Leahy rechazó un informe del Departamento de Estado que otorga un voto de confianza al Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico, pese a las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por los efectivos.

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional (AI) solicitó al Congreso estadounidense de retener el 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida hasta que el gobierno del presidente Felipe Calderón mejore en la investigación de las violaciones a las garantías individuales que cometen las fuerzas armadas.

Al respecto, Rodríguez Hernández comentó que opinar sobre el cumplimiento de México o cualquier otro país en la materia para acceder o no a los recursos del plan le corresponde al Departamento de Estado.

Además, “los recursos son importantes porque son un símbolo de cooperación en esta época, sobre todo, en la administración del presidente (Felipe) Calderón, en la lucha contra el crimen organizado”, dijo el diplomático con rango de embajador.

Más aún, “es el reconocimiento, por primera ocasión, de que hay un problema común en ambos lados de la frontera y de que combatirlo es una responsabilidad compartida (…) el negar los fondos es rechazar esa cooperación”, agregó.

Rodríguez Hernández sostuvo que el Gobierno de México ha trabajado y liberado también recursos (hasta 7 mil millones de dólares al año) en la lucha contra el crimen organizado, aunque reconoció que ha habido abusos por parte de algunas autoridades mexicanas cuando “aplican la ley”.

“Cuando se aplica la ley, puede haber o surgir algún tipo de violación (…) sabemos que hay funcionarios que no necesariamente cumplen con su deber pero eso no quiere decir que todas las autoridades y la policía mexicana violen los derechos humanos”.

El funcionario indicó que no se compara el número de alegatos de violaciones a los derechos humanos con los resultados de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado.

“Las acusaciones son mínimas en contraste con el tamaño del problema al que se enfrenta México”, expresó. “Además, hay que recordar cuando un criminal tortura, secuestra o asesina no piensa en los derechos humanos (de sus víctimas)”.

Agregó que el Ejército ha emprendido una serie de acciones para frenar situaciones donde se puedan violentar los derechos de las personas.

En el 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional estableció la Dirección de Derechos Humanos dentro de la institución para atender las quejas, precisó.

Rodríguez Hernández consideró de “suma importancia” para México, pero en particular, para esta región fronteriza, obtener los recursos del Plan Mérida.

Con ello, agregó, se podrá capacitar, entrenar y otorgar equipo a las fuerzas policiales y eliminar la corrupción dentro de las corporaciones.

“Los recursos van a ser útiles para la policía a la que se aspira y que tenga, no sólo los recursos para enfrentar al crimen organizado, sino el entrenamiento adecuado”, puntualizó el cónsul general, quien dijo desconocer qué tipo de recursos vendrían a esta región fronteriza.

Demanda AI libertad inmediata de indígena preso en Guerrero

Chilpancingo, Gro. Integrantes de Amnistía Internacional (AI) realizaron este lunes una protesta en la explanada del palacio de Gobierno del estado para exigir la libertad inmediata del indígena tlapaneco, Raúl Hernández, preso en Ayutla de los Libres, acusado de homicidio.
Encabezados por el director de AI México, Alberto Herrera, con pancartas y mantas se ubicaron en el acceso principal del inmueble y exigieron además el respeto a las garantías individuales de los defensores de derechos humanos en Guerrero.
Los manifestantes destacaron que hay "una profunda preocupación por el pésimo estado de los derechos humanos en Guerrero", que ha afectado particularmente la seguridad de defensores de derechos humanos.
Desde ayer, los miembros de AI realizaron un recorrido a la población de Ayutla de los Libres, para visitar a Raúl Hernández, declarado por el organismo internacional como preso de conciencia.
Los miembros de AI expresaron su solidaridad y compartieron con el indígena los mensajes de activistas de más de 50 países.
Además expresaron su preocupación por el acoso que han sufrido integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Mepha’a (OPIM), así como el asesinato de sus dirigentes, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas, ocurrido en febrero del año pasado.
Los integrantes de Amnistía Internacional se entrevistaron con el secretario de Gobierno de Guerrero, Guillermo Ramírez Ramos, quien ofreció que se volvería a revisar el expediente del indígena preso desde abril del año pasado, acusado del homicidio de un informante militar.
Después de tres horas de protesta, uno 50 integrantes de Amnistía Internacional, procedentes de varios países, se retiraron de la sede del palacio de Gobierno, con el compromiso de que seguirán de cerca el respeto a los derechos de los defensores de los derechos humanos.

Recibe Derechos Humanos denuncias por operativo en Apatzingán

México.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán informó que ha recibido hasta ahora 10 quejas de familiares de los detenidos por el operativo policiaco-militar del pasado sábado en el templo del Perpetuo Socorro de Apatzingán, ninguno de los cuales ha sido presentado como integrante o cómplice del grupo criminal “La Familia”.
Algunos son familiares de invitados a la misa en la que se celebraran los 15 años de una joven con síndrome de Down. O bien familiares de personas que afirman que simplemente acudían a misa, sin sospechar que ahí se encontraba Miguel Ángel Beraza Villa, alias “La Troca” presentado hoy por la Policía Federal como presunto integrante de “La Familia”, y buscado por la DEA por introducir cargamentos de la droga llamada cristal a Estados Unidos.
Las denuncias vertidas al ombudsman michoacano, cuyos expedientes ya han sido enviados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indican que las autoridades engañaron a muchos de los detenidos y a sus familiares antes de su privación de la libertad, además de que les quitaron algunas de sus pertenencias, como teléfonos celulares y estéreos de sus automóviles, entre otros objetos de valos.
Las familias de los detenidos no han sido informadas sobre el paradero de sus parientes, su situación jurídica, si sus testimonios fueron tomados conforme a derecho, y si hay una separación de los indiciados y los sospechosos.
Entre los detenidos que se encuentran desaparecidos se encuentran el licenciado en diseño, Vinicio Cortés Álvarez, quien fue dos veces ganador del concurso de diseño de la empresa de llantas Michelín, y a quien su madre vio cómo lo arrestaban en el operativo que duró 20 minutos en el lugar de la iglesia, aunque el despliegue policiaco en la zona perduró más de tres horas.
Otro detenido es Leonardo Pedraza Ibarra, de 35 años, de Tepalcatepec, sobrino de una de las invitadas, cuyo hijo también padece síndrome de down y quien era chambelán de la joven festejada.
Además de los profesores Mario Mendoza Reyes, de la escuela local José María Calleja, y Esteban Lugo Melgarejo, maestro del internado Antunes, así como su cuñado Jesús. Todos ellos asistentes a la misa vespertina de la iglesia.
Los familiares de los detenidos expresaron a Milenio que “están de acuerdo que se combata al crimen organizado, pero no de la manera en que se hizo”, ya que se actuó con prepotencia, engaños y uso innecesario de la fuerza.