Buscan Ratificar Convencion Iberoamericana por los derechos de los Jovenes en Mexico

Mexico.- El proyecto 15-35 Plataforma Nacional de Juventud, integrado por 20 organizaciones nacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las y los jóvenes, solicitamos al Gobierno Mexicano atender el exhorto que por primera vez hizo el Congreso de la Unión en materia de juventud y derechos humanos el pasado 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, al titular del Ejecutivo Federal donde se le pide remitir al Senado de la República la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) para su ratificación, al mismo tiempo en Ciudad de Mexico, se Presento la misma propuesta por parte de la CIEDH con fecha 03 de agosto para pasar ala sala del pleno, y el dia 12 salio turnada para el exhorto al ejecutivo.

Al referirse a la crisis económica actual, en el marco de la de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, señaló que “en el mundo el 40 por ciento de las personas afectadas económicamente son jóvenes¨

En México, del total de la población, 107.6 millones en 2009, la juventud de entre 15 a 29 años representa casi una tercera parte de la población (27.2 por ciento), según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) publicadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) este año, sin que hasta ahora exista un marco jurídico de actuación que hable de sus derechos básicos, tales como: educación, empleo, salud, participación, entre otros.

Por lo anterior, las organizaciones integrantes del equipo impulsor de la Plataforma Nacional de la Juventud exigimos al ejecutivo federal la adopción de la CIDJ como marco jurídico de actuación, a través de su firma y ratificación, asumiendo el exhorto que hizo el pasado 12 de agosto el Congreso de la Unión.

Con la ratificación se requiere que el Estado mexicano contemple el desarrollo e instrumentació n de las políticas, planes y programas necesarios que garanticen y hagan efectivos los derechos de la juventud contempladas en la CIDJ: vida digna, acceso a educación, un empleo digno; a servicios de salud integrales ubicando entre ellos salud sexual y reproductiva; espacios de participación juvenil, entre otros.

El exhorto fue presentado al Congreso de la Unión luego que el Ejecutivo Federal ha mantenido congelada la propuesta de ratificación que reconoce a la CIDJ como el único instrumento a nivel internacional que reconoce a las y los jóvenes como sujetos plenos de derechos y que establece que los gobiernos deben de garantizar acciones que los protejan.

Desde hace un año, el Ejecutivo Federal no se ha manifestado a favor de éste instrumento internacional, por el contrario Felipe Calderón ha dado muestras de que no le interesa el reconocimiento de los derechos de la juventud al centrar su atención en programas que más bien violan sus derechos con políticas de criminalizació como “Mochila Segura” o las detenciones arbitrarias de jóvenes en el marco del crimen organizado.

No se puede pensar y hablar de un país en desarrollo mientras los derechos de las personas no se cumplan, sin importar sexo, condición económica y edad, por lo que consideramos que es urgente y prioritario que se reconozcan los derechos de las y los jóvenes, pero fundamentalmente que se generen las condiciones necesarias para el ejercicio de estos derechos, a través de la creación de un marco jurídico de actuación, como lo es la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, de ahí la importancia de su ratificación de parte del gobierno mexicano.

Violaciones del Ejército son casos aislados: SRE

Mexico.-La violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano "son casos aislados" aseguró la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, quien reiteró que el gobierno de México tiene un compromiso absoluto de respeto a las garantías de la población.

Sin embargo, legisladores de Estados Unidos y organizaciones internacionales han pedido que se bloqueen 15% de los recursos de la Iniciativa Mérida ante las violaciones cometidas por elementos del Ejército en la lucha contra el narcotráfico.

El Departamento de Estado norteamericano elaboró un informe sobre las condiciones de derechos humanos en México que entregó al senado, para aclarar las dudas que puedan existir en torno al tema.

Al respecto, la Canciller indicó que este informe "refleja los avances que estamos registrando" en la materia, pues incluye datos sobre la creación de la Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la capacitación de los militares por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

Sobre el análisis que realizarán los senadores estadounidenses de este documento y la resolución que adopten, Espinosa Cantellano indicó que el gobierno de México es respetuoso de los legisladores de ese país y sus decisiones.

Estancado, el caso de la indígena Jacinta

Querétaro.-El juicio contra Jacinta Francisco Marcial se ha retrasado porque dos de los seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que la acusaron de haberlos secuestrado no se les puede encontrar en el país para cumplir con los careos que ordenó un juez como elementos probatorios en el caso de la indígena, la cual se encuentra encarcelada desde hace tres.

El abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), Andrés Díaz, informó que como defensa legal de Jacinta fueron informados de que el agente federal Antonio Bautista falleció en 2007, por lo que no podía cumplir con el requisito de presentarse a los careos efectuados en mayo pasado.

En tanto, Jorge Cervantes Peñuelas se jubiló en diciembre de 2008 y ya no es agente federal, por lo que no ha podido ser notificado para que se presente en los careos, situación que provoca que se retrase los procedimientos legales.

En conferencia de prensa, Guillermo Francisco Prisciliano, esposo de Jacinta, dijo estar desesperado por la situación.

El abogado del Prodh que asumió la defensa legal de Jacinta Francisco indicó que la Procuraduría General de la República (PGR), si quisiera podría aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y reconocer que no existen elementos jurídicos y probatorios que acrediten que Jacinta secuestró a seis agentes federales y, con ello, dejarla en libertad.

Sin embargo, en lugar de ello incurre en acciones de dilación al no contribuir a que uno de los agentes federales se presente a los careos como parte del juicio.

Quedan impunes más del 70% de agresiones vs periodistas: CNDH

Mexico.-La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió que en México, más del 70 por ciento de las agresiones contra periodistas quedan en la impunidad, pues de los 65 agravios que registraron de 2000 a 2009 – siete de ellos ocurridos en Chihuahua -, únicamente 17 se resolvieron.

Ante esta circunstancia, el organismo emitió su Recomendación General 17, dirigida a los gobernadores del país, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, al procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y al procurador General de Justicia Militar, Gabriel Sagrero Hernández.

En un primer punto, les exigió tomar las medidas necesarias para impulsar una lucha decidida, frontal y permanente contra dicha impunidad, a fin de que se logren resolver las indagatorias para el esclarecimiento de los homicidios, desapariciones forzadas, atentados con explosivos, amenazas, así como todos y cada uno de los demás agravios ocurridos en contra de periodistas.

Además, les pidió realizar una indagatoria eficaz en cada caso y agotar todas las líneas de investigación.

También les demandó realizar una evaluación técnico jurídica para determinar si la actuación del Ministerio Público, así como la de los servidores públicos, ha sido apegada a los principios y obligaciones propios de su cargo.

En un cuarto punto, se solicitó garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes para que el desempeño de los profesionales de la comunicación no se vea coartado ni amenazado por ningún tipo de circunstancia.

De acuerdo con la CNDH, a partir de 2001 a la fecha, las presuntas agresiones a los derechos humanos de los periodistas se han duplicado respecto de la década anterior a ese año.

Las muertes ocurrieron en 17 estados: 9 homicidios en Tamaulipas, 8 en Chihuahua, 6 en Veracruz, 6 en Guerrero, 4 en Michoacán, 4 en Oaxaca, 3 en el estado de México, 3 en Durango, 2 en el Distrito Federal, 2 en Sinaloa, 1 en Baja California,1 en Chiapas, 1 en Jalisco, 1 en Sonora y 1 en Tabasco. En lo relativo a las desapariciones, se produjeron 2 en Michoacán, 2 en Nuevo León, 1 en Coahuila, 1 en Sonora y 1 en Tabasco.

En el caso de Chihuahua los reporteros asesinados fueron: en el 2000, José Ramírez Puente, periodista de Radio Net, en Ciudad Juárez; 2001, José Barbosa Bejarano, corresponsal de la revista Alarma de Ciudad Juárez; 2006; Enrique Perea Quintanilla, reportero de la revista Dos Caras, en Chihuahua; 2008, Candelario Pérez Pérez, periodista de la revista Sucesos, en Ciudad Juárez; David García Monroy, analista político y colaborador editorial de El Diario de Chihuahua y Armando Rodríguez Carreón, reportero del periódico El Diario, de Ciudad Juárez; 2009, Ernesto Montañez Valdivia, editor de la publicación “Enfoque de El Sol de Chihuahua”

De los 65 casos registrados por el organismo federal a la fecha, 52 periodistas fueron asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo, mientras que siete desaparecieron, así como seis fueron atentados con explosivos a instalaciones de periódicos.

Promete CNDH recomendación "sin miramientos" sobre el caso Proceso

Mexico.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, advirtió que emitirá un pronunciamiento, "sin miramiento alguno" sobre las dos denuncias promovidas por Proceso, en contra del gobierno federal por la cancelación de contratos para espacios publicitarios y por el intento del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de involucrar al semanario con el narcotráfico.

"Las quejas de Proceso serán atendidas a cabalidad y emitiremos un pronunciamiento conforme a derecho, aquí sin miramiento alguno", advirtió el titular de la CNDH.

Al presentar la recomendación general 17/2009 sobre agresiones contra periodistas cometidas durante los nueve años que el PAN lleva en la Presidencia de la República, Soberanes afirmó que el recorte unilateral en la compra de espacios y el acoso fiscal "son dos formas bastante socorridas" de "persecución oficial" contra medios de comunicación críticos.

"El tema de la publicidad del Estado que debe de responder a otros actores y no a una persecución de Estado", afirmó.

Ante tal escenario, el presidente de la CNDH se pronunció por una legislación general en materia de distribución de recursos públicos en la contratación de publicidad gubernamental, para evitar que éstos sean utilizados "al capricho del gobernante en turno y como forma de proteger la libertad de expresión".

Por si fuera poco, José Luis Soberanes, como pocas veces se le ha visto durante su gestión como presidente de la CNDH, lanzó severas críticas a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), cuyos resultados, afirmó, "son más bien pobres".

"Vemos una estructura pesada que cuesta miles de pesos al país, una estructura que se tiene que repensar o vamos a continuar como con muchas instituciones del gobierno que son ineficientes, pero llenan un espacio mediático; decir que un asunto lo atrajo la PGR y ¿quién me va a garantizar que la PGR va a resolverlo? La evaluación que podemos hacer de la Fiscalía es más bien negativa y consideramos que, o lo toma en serio el gobierno o va a ser otra de las deudas de este gobierno", sentenció.

Soberanes incluso propuso que los recursos que se destinan para sostener dicha fiscalía sean canalizados directamente a familias de periodistas víctimas de agresiones.

"Si lo que ha gastado el gobierno federal en esta fiscalía especial, cuyos resultados son ineficientes, se gastara para proteger a los hijos de los periodistas asesinados sería mucho más práctico", apuntó.

De acuerdo con el análisis realizado por la CNDH en su recomendación general 17, de febrero de 2006 a noviembre de 2008 la FEADP "únicamente ha ejercitado acción penal en sólo 3 casos (…) Estos resultados llevan a sostener que su actuación no ha tenido un efecto considerable sobre la protección y combate a la impunidad que prevalece en los agravios a periodistas y medios de comunicación, ya sea por su limitada competencia o por la deficiencia en sus investigaciones".

Para evidenciar la impunidad que prevalece en los 65 casos graves de agresiones a periodistas analizados por la CNDH en la recomendación general 17/2009, Soberanes explicó en su discurso que Comisión acredito la actuación irregular de las autoridades, incluso, en un documento detectó que se fabricaron testigos y se torturó a los probables responsables.

Además, "de los 65 caso, en 48 no se ha resuelto la averiguación previa, es decir, siete de cada diez no se concluye la averiguación".

"En suma --dijo--, la falta de diligencia por parte de las autoridades procuradoras de justicia ha generado, en gran medida, que los agravios contra informadores queden impunes o que no se agoten la líneas de investigación procedentes".

Soberanes se refirió a las críticas del gobierno de Felipe Calderón contra organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación por informar sobre violaciones a derechos humanos.

Honduras, bajo la lupa en derechos humanos

Honduras.-Una delegación de la Comisión Interamericana de Estudio de los Derechos Humanos (CIEDH) y de la Comision Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se encuentra en Honduras para verificar la situación de las libertades civiles tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio.

La comitiva ya se reunió con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con representantes de la sociedad civil.

Ahora espera hacerlo con personas que han denunciado abusos, parlamentarios, altos mandos de las fuerzas armadas y de la policía y funcionarios del ministerio público, aunque no directamente con el Poder Ejecutivo encabezado por Roberto Micheletti, quien sustituyó al derrocado Zelaya.

La misión tiene previsto "elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado", explicó a la prensa el vicepresidente primero de la CIDH, el argentino Víctor Abramovich.

Abramovich aclaró que la delegación no emitirá declaraciones o conclusiones sobre su visita, porque "lo primero es escuchar, recibir información". No obstante, difundirá un comunicado el viernes, al término de su trabajo en Honduras.

La CIDH ya había dictado medidas cautelares para que el gobierno de Micheletti proteja la vida de unos 100 hondureños amenazados después del golpe.

Se espera que al término de su misión llegue a Honduras una delegación de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Grandes reservas"

El gobierno de Micheletti dijo que tenía "grandes reservas" sobre la presencia de la CIDH en el país centroamericano.

La vicecanciller hondureña, Martha Lorena Alvarado, se quejó de que no conocía la agenda de la misión. "No siguieron el conducto natural y normal de una visita de esa magnitud", aseguró.

Asimismo, Alvarado criticó a los organismos de derechos humanos, porque -según afirmó- en ellos "hay una enorme infiltración de la izquierda".

Simpatizantes de Zelaya, encabezados por su esposa (centro), protestaron en Tegucigalpa.

En momentos en que la delegación de la CIDH iniciaba sus actividades, centenares de seguidores de Zelaya encabezados por su esposa, Xiomara Castro, protestaron nuevamente en las calles de Tegucigalpa para exigir la restitución del mandatario depuesto.

Zelaya se encuentra en Nicaragua, desde donde ha intentado regresar a Honduras.

Entre tanto, una delegación del gobierno de Micheletti viajó a Washington para continuar el diálogo abierto la semana pasada con la OEA en busca de una salida a la crisis política en el país centroamericano.

El organismo hemisférico suspendió a Honduras tras el golpe de Estado.

El secretario de Estado adjunto en funciones de EE.UU. para América Latina, Craig Kelly, tiene previsto reunirse este martes con la delegación de Micheletti y adelantó que la instará a firmar el llamado Acuerdo de San José.

Este acuerdo, promovido por el presidente costarricense Óscar Arias -quien actuó como mediador en el conflicto-, busca acercar a las partes y contempla el regreso al poder de Zelaya, quien ya ha dado su respaldo a la iniciativa.

Según el corresponsal de BBC Mundo en Washington, Carlos Chirinos, el presidente depuesto de Honduras ha expresado en varias ocasiones su frustración por la falta de acción del gobierno estadounidense en favor de su restitución en el poder.

Aspira Ricardo Sepúlveda a la presidencia de la CNDH

Ciudad de México.- Ricardo Sepúlveda Iguniz, quien fuera Coordinador de Derechos Humanos en la Secretaría de gobernación con Santiago Creel, se presentó esta mañana, en conferencia de prensa, como el segundo aspirante formal a la presidencia de la CNDH, cargo que dejará el 14 de noviembre José Luis Soberanes.

Sepúlveda informó que su presentación prematura como aspirante --ya que el Senado convocará hasta octubre--, “es por la situación crítica que padecen ahora los derechos humanos en México y para propiciar el debate sobre el rumbo que debe tomar la política oficial al respecto y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

Acompañado de un grupo de colaboradores del Centro Jurídico por los Derechos Humanos que dirige, Sepúlveda presentó un extenso documento con su visión de la CNDH, donde propone su “necesaria renovación” y en la que llama a discutir que se ha convertido “en una institución poco eficaz y con una debilitada legitimidad”.

Al responder a preguntas concretas, Sepúlveda, dijo que la certificación que hace anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos es parte del dialogo y presión que se mantiene, pero precisó que ese es un tema que “debemos resolver internamente, sin atender a las presiones externas”

Sepúlveda Iguniz es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, profesor en la Libre de Derecho y en la Universidad Anahuac. Ha escrito tres libros sobre constitucionalidad. Su práctica sobre derechos humanos, según la currícula que entregó, ha sido además de la organización que dirige, cinco años en la Secretaría de Gobernación, hasta 2005 y en el Senado de la República, siempre acompañando a Santiago Creel.

Patricia Olemendi, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores para Derechos Humanos se presentó el domingo reciente, ante medios de prensa, como la primera aspirante a presidir la CNDH. El Senado deberá emitir, a más tardar en octubre, una convocatoria para auscultar a la sociedad civil sobre los aspirantes y luego poner una terna a votación del pleno.